AMBIENTE Y COMUNIDAD

UNIDOS HACIA LA SUSTENTABILIDAD

miércoles, 3 de julio de 2013

Reforma de la Ley Penal del Ambiente en Venezuela


La nueva Ley Penal del Ambiente, cuyo objeto es tipificar como delito aquellos hechos que atenten contra los recursos naturales y el ambiente, e imponer las sanciones penales, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 39.913 de fecha 2 de mayo de 2012. Asimismo, determina las medidas precautelativas de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se producen en Venezuela. En este caso se requiere que el investigado haya venido al territorio de la República y que se inicie la investigación por el Ministerio Público. Requiérese también que el investigado no haya sido juzgado por tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena.
Aspectos resaltantes de la nueva Ley.
Responsabilidad penal objetiva.
De acuerdo con el artículo 3, la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos ambientales será de carácter objetivo, por lo que bastará sólo con comprobar la violación de la norma para aplicar la sanción, eliminándose la necesidad de demostrar la culpabilidad del agente.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.
Responsabilidad civil
En cuanto a la responsabilidad civil, el artículo 9 de la Ley señala que luego de la sentencia condenatoria por delitos en los cuales resulten datos o perjuicios contra el ambiente, el juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil, ordenando en caso de ser necesario una experticia complementaria de valoración de datos e impondrá al o los responsables la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes, reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios.
Sanciones.
Las sanciones aplicables serán principales y accesorias.
Son sanciones principales:
1. La prisión.
2. El arresto.
3. La disolución de la persona jurídica.
4. La multa.
5. El desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción.
Son sanciones accesorias:
1. La clausura definitiva de la instalación o establecimiento.
2. La clausura temporal de la instalación o establecimiento hasta por un año.
3. La prohibición definitiva de la actividad contaminante o degradante del ambiente.
4. La reordenación de los sitios alterados.
5. La suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por seis meses.
6. La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dos años después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos o funcionarias públicas.
7. La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un año después de cumplida la sanción principal, cuando el delito haya sido cometido por el condenado o condenada con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación de alguno de los deberes que le sean inherentes o conexos.
8. La publicación especial de la sentencia, a expensas del condenado o condenada, en un órgano de prensa de circulación nacional y del municipio donde se cometió el delito y con la colocación de dicha publicación a las puertas del establecimiento, dentro de los treinta días siguientes a la decisión.
9. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados n ofrecidos en venta, en contravención a las normas nacionales sobre la materia y capaces de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas.
10. La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personas jurídicas hasta por tres años, después de cumplida la pena principal.
11. La prohibición hasta por dos años, de contratar con órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y recibir beneficios fiscales.
12. La ejecución de servicios ambientales a la comunidad afectada, que podrán consistir en trabajos ambientales de acuerdo a su formación y habilidades; financiamiento de programas, proyectos o publicaciones ambientales, contribución a entidades ambientales bajo la coordinación y supervisión de la Autoridad Nacional Ambiental; ejecución de obras de recuperación en áreas degradadas o mantenimiento de espacios públicos.
13. La asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental.
Otra de las modificaciones incluidas en la ley es que anteriormente se diferenciaban las sanciones a personas jurídicas y a personas naturales, mientras que en esta nueva ley se tratan de forma indistinta.
Medidas precautelativas.
El artículo 8 de la Ley señala que el juez competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, en cualquier estado o fase del proceso, las medidas precautelativas necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga o asegurar el restablecimiento del orden. Tales medidas podrán consistir en:
1.      Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones correspondientes.
  1. Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental sujeta a control del Ejecutivo.
  2. Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la repetición de los hechos.
  3. La ejecución de trabajos a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños al ambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del responsable de los riesgos o daños.
  4. La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos sospechosos de estar contaminados, causar contaminación o estar en mal estado.
  5. La destrucción o neutralización de substancias, recursos naturales o productos comprobadamente contaminantes o contaminados.
  6. El retiro o retención de vehículos u objetos abandonados en lugares donde su sola presencia alteren el ambiente.
  7. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, medio marino o zonas bajo régimen de administración especial.
  8. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos cualesquiera que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos, instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de contaminantes.
  9. La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos.
  10. La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación o degradación de los recursos naturales o el ambiente.
  11. Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación de actos perjudiciales al ambiente.
Conjuntamente con las sanciones y las medidas restitutivas y reparatorias, el juez podrá acordar en las sentencias la obligación de realizar experticias, a costa del condenado cada año y hasta por diez veces, a fin de determinar la efectiva eliminación de los riesgos ambientales, cuando se sospeche su aparición futura o no sea posible su eliminación inmediata.
Responsabilidad solidaria y por dependientes.
La responsabilidad solidaria señalada en la Ley implica que cuando dos personas jurídicas celebren un acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, y cuya realización cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, ambas responderán solidariamente.
De igual forma, quien permita la comisión de alguno de los delitos tipificados en la Ley por parte de aquellas personas naturales o jurídicas que estén bajo su dirección o dependencia, estando en conocimiento y capacitado para impedirlo, será castigado con igual pena a la del delito cometido, rebajada en una tercera parte.
Otras disposiciones.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de todo delito contra el ambiente nacerán tanto acciones penales como civiles, a diferencia de la ley anterior en la que sólo nacían penales y podían nacer civiles. La acción penal será pública y surgirá de oficio o por denuncia.
Con respecto a los órganos competentes, el artículo 22 establece que la investigación penal puede ser realizada por los funcionarios que señalan en la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al igual que los funcionarios del Ministerio con competencia en materias de ambiente (en todos los asuntos ambientales), y del Ministerio con competencia en energía, petróleo, minas, salud, agricultura, vivienda, obras públicas, y transporte en las áreas de su competencia (Art. 22).
La jurisdicción especial penal ambiental tendrá competencias tanto para las acciones penales como las civiles derivadas de aquellas por lo que luego de la sentencia condenatoria, el juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil del enjuiciado, e impondrá la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes.
Mediante esta Norma legal se deroga la Ley Penal del Ambiente publicada en la Gaceta Oficial No. 4.358 de fecha 03 de enero de 1992; y los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, y 85 de la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario No. 5.554 de fecha 13 de noviembre de 2001, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 del Decreto No. 6.070 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosques y Gestión Forestal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.946 de fecha 05 de junio de 2008 y los artículos 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 de la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.39.070 de fecha 01 de diciembre de 2008, y cualquier otra disposición contraria a lo establecido en la presente Ley.
Las disposiciones de los Códigos Penal, Civil, Orgánico Procesal Penal y de Procedimiento Civil, se aplicarán supletoriamente en cuanto no colidan con la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia a los noventa días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

El curioso e insolito caso de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio

                 Comentarios Legislativos
EL CURIOSO E ISÓLITO CASO DE LA LEY ORGÁNICA PARA
LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
SANCIONADA EN SEPTIEMBRE DE 2005 Y DEROGADA
EN FEBRERO 2007, SIN HABER ENTRADO EN VIGENCIA.
                Allan R. Brewer-Carías
En Venezuela, en la actualidad, el régimen de las limitaciones a la propiedad
con motivo de la política de ordenación del territorio y de ordenación
urbanística está establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio
de 19831 y en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de 19872. Ambas
leyes pretendieron ser derogadas por la Ley Orgánica para la Planificación
y Gestión de la Ordenación del Territorio publicada el 1º de septiembre de
20053, la cual, sin embargo, y curiosamente, fue una Ley que nunca llegó a
entrar en vigencia.
En efecto, al sancionarse dicha Ley Orgánica, en septiembre de 2005, se
dispuso una vacatio legis, indicando que entraría “en vigencia transcurrido
que seis meses a partir de su publicación en la Gaceta Oficial”, es decir, el 1º
de marzo de 2006. En esa misma fecha se publicó, sin embargo, la Ley de Reforma
Parcial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Orde-
1 Publicada en Gaceta Oficial N° 3.238 de 11 de agosto de 1983. Véanse los comentarios a
dicha Ley en Allan R. Brewer-Carías, “Introducción al régimen jurídico de la ordenación
del territorio” en Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas 1984.
2 Publicada en Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987. Véanse los comentarios
a dicha Ley en Allan R. Brewer-Carías, “Introducción general al régimen legal
de la ordenación urbanística” en Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas 1988.
3 Publicada en Gaceta Oficial N° 38.263 de fecha 1 de septiembre de 2005, fue luego reimpresa
por error material (omisión de los artículos 60 y 61) en la Gaceta Oficial N°
38.264 del 2 de septiembre de 2005; y luego, de nuevo, en la Gaceta Oficial N° 38.279
del 23 de septiembre de 2005.
nación del Territorio,4 con la cual se modificó la fecha de su entrada en vigencia,
disponiéndose otra vacatio legis, nuevamente de seis meses, con lo cual la
Ley Orgánica debió haber entrado en vigencia el 1º de septiembre de 2006.
Sin embargo, de nuevo, en esa misma fecha se publicó otra Ley de Reforma
Parcial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación
del Territorio,5 a los efectos de modificar, de nuevo, la fecha de entrada en
vigencia de la Ley Orgánica, disponiéndose otra nueva vacatio legis, esta vez
con indicación precisa de que la Ley Orgánica entraría “en vigencia el 28 de
febrero de 2007.”
Pero ello nunca ocurrió, pues la Ley Orgánica cuya entrada en vigencia
fue tantas veces diferida, fue expresamente derogada por la “Ley Orgánica
Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación
del Territorio”, publicada el 27 de febrero de 2007,6, en la cual simplemente
se dispuso sin que nadie supiera cual había sido el motivo, salvo la presunción
de su deficientísimo contenido legislativo, que:
Artículo 1. Se deroga la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio, sancionada el 15 de agosto de 2006 y publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.820 Extraordinario,
de fecha 01 de septiembre de 2006.
Es decir, en septiembre de 2005, la Asamblea Nacional de Venezuela
dictó una muy importante Ley Orgánica para que en definitiva nunca entrara
en vigencia, lo que evidencia el deterioro de la calidad de la función legislativa
en el país. Esa Ley Orgánica estaba destinada a derogar expresamente lo
establecido en las dos leyes orgánicas que regulan la materia, de 1983 y de
1988, las cuales han tenido amplia aplicación, pero por disposición del mismo
legislador, ello nunca ocurrió. Se trató de una forma curiosa de legislar para
no legislar, o de legislar para que la ley sancionada nunca entrara en vigencia.
4 Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.388 de 1-3-2006
5 Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.513 de 1-9-2006, N° 5.820 Extraordinario de esa misma
fecha.
6 Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.633 de 27-02-2007.
La Ley que nunca fue tal, pretendía por otra parte refundir los textos de
las dos Leyes Orgánicas precedentes, con algunos cambios significativos. Los
objetivos de esa Ley Orgánica que nunca estuvo vigente, en todo caso, eran
establecer las disposiciones que debían regir el proceso general para la planificación
y gestión de la ordenación del territorio, en concordancia con las realidades
ecológicas y los principios, criterios, objetivos estratégicos del desarrollo
sustentable, que incluyan la participación ciudadana y sirvan de base para
la planificación del desarrollo endógeno, económico y social de la Nación (art.
1). Ello, sin embargo, sigue estando regulado en las mencionadas Ley Orgánica
para la Ordenación del Territorio de 1983 y Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística de 1987.
A pesar de que esta Ley Orgánica nunca entró en vigencia, estuvo publicada
en Gaceta Oficial durante casi dos años, por lo que consideramos de interés
comentar algunos aspectos de lo que se pretendía con la misma específicamente
en cuanto a las limitaciones a la propiedad privada.
I. EL FALLIDO RÉGIMEN DE LAS LIMITACIONES AL USO DE LA
PROPIEDAD TERRITORIAL COMO CONSECUENCIA DE LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
1. Régimen general de la vinculación de la propiedad a los planes de ordenación
El artículo 122 de la Ley Orgánica que nunca entró en vigencia estableció
expresamente que
"los planes de ordenación urbanística, los planes municipales de ordenación
del territorio y planes especiales afectan el contenido del derecho de propiedad,
quedando éste derecho vinculado al destino fijado por dichos planes,
conforme al ordenamiento constitucional, las disposiciones contempladas en
la ley y demás normas aplicables a la materia".
En este aspecto, la Ley Orgánica no variaba mayormente lo previsto en
las Leyes Orgánicas que pretendía derogar. En cambio, donde realmente si
buscaba establecer un cambio radical era en materia de control administrativo
del uso de la propiedad inmueble, al pretender sustituir el régimen general de
 las aprobaciones y autorizaciones que establecía la Ley Orgánica para la Ordenación
del territorio de 1983, disponiendo en cambio sólo que las actividades
que tuvieran incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del
territorio debían estar ajustadas a los planes de ordenación del territorio (art.
27). El régimen de las autorizaciones quedaba sólo en materia urbanística (art.
136).
2. El régimen de la ejecución de actividades y las “constancias de uso conforme”
como mecanismo de control
En consecuencia, para asegurar que la sujeción de actividades se ajustase
a los planes, lo que la Ley Orgánica 2007 pretendió establecer como mecanismo
de control de la ejecución de los planes, era la necesidad de que tanto
los entes públicos como los particulares, antes de realizar dichas actividades,
obtuvieran de la autoridad competente para el control de los planes, una “constancia
de uso conforme”, las cuales de acuerdo con el artículo 27 de la Ley
Orgánica, debían ser otorgadas o negadas por las autoridades encargadas del
control de la ejecución de los planes dentro de sus respectivas competencias.
Así, en el ámbito urbanístico municipal, lo que se pretendía regular aún
cuando en forma imperfecta, eran las constancias de ajuste a las variables urbanas
fundamentales (art. 145) que antes se han comentado.
Por otra parte, se debe destacar que conforme al artículo 116 de la Ley
Orgánica que no entró en vigencia, la constancia de uso conforme con los planes
debían “ser solicitadas aun cuando no se hayan aprobados los correspondientes
planes de ordenación del territorio”. Por tanto, aún ante la inexistencia
de planes, todas las actividades que tuvieran incidencia espacial e implicasen
ocupación del territorio debían tener la constancia de uso conforme otorgada
por la autoridad de control correspondiente. En estos casos, la constancia se
hubiera debido otorgar tomando en cuenta los siguientes criterios:
1. Las directrices de ordenación del territorio establecidas en los Planes
existentes que sean aplicables.
2. La posibilidad de atender con servicios públicos la demanda a generarse
por la actividad propuesta.
3. El impacto ambiental de la actividad propuesta.
4. La vocación natural de las zonas y, en especial, la capacidad y condiciones
específicas del suelo.
5. Las regulaciones ya existentes para el uso de la tierra.
6. Las limitaciones geográficas, especialmente las que vienen impuestas
por la anegabilidad de los terrenos y por las condiciones propias de las planicies
inundables, y la fragilidad ecológica por su vulnerabilidad y riesgo ante
la ocurrencia de fenómenos naturales y tecnológicos.
7. Los usos existentes en el área, siempre que no sean contrarios a lo establecido
en las normas ambientales urbanas y de calidad ambiental.
8. Los demás factores que se consideren relevantes a los mencionados
usos.
La constancia de uso conforme, en todo caso, no era una autorización
administrativa; era sólo un acto administrativo emanado de la autoridad competente
declarativo de certeza en relación a la conformidad de un uso propuesto
al plan. Por ello es que el artículo 29 de la Ley Orgánica consideraba como
“nula y sin ningún efecto la constancia de uso conforme otorgada en contravención
a los planes de ordenación del territorio y aquéllas otorgadas por autoridades
no competentes según esta Ley”.
En efecto, como lo indicaba expresamente el artículo 28 de la Ley Orgánica,
la constancia de uso conforme, sólo:
“constituye un acto declarativo de las autoridades encargadas del control de
la ejecución de los planes, y no dan derecho para la ocupación del territorio
mediante la ejecución de las obras, programas, proyectos o la afectación de
recursos naturales.”
Las actividades respectivas, en todo caso, debían ajustarse a las directrices
y lineamientos establecidos en el plan nacional vigente.
Conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica, la decisión correspondiente
al otorgamiento o no de las constancias, debía adoptarse en un lapso de sesenta
(60) días continuos, contados a partir de la recepción de la solicitud respectiva;
agregando el artículo 30 de la Ley Orgánica que “vencido dicho lapso sin
que hubiere habido respuesta se considerará otorgada, a cuyo efecto, las autoridades
respectivas están obligadas a otorgar la respectiva certificación”.
Es decir, la Ley Orgánica pretendía regular expresamente el llamado silencio
administrativo positivo, de manera que la falta oportuna de respuesta,
implicaba automáticamente el otorgamiento de la constancia, es decir, la declaración de las autoridades encargadas del control de la ejecución de los planes,
de que la actividad o uso del suelo propuesta se ajustaba al plan.
Debe señalarse, por último, que conforme al artículo 173 de la Ley Orgánica,
las constancias de uso conforme o cualquier otro tipo de acto administrativo
contrario a las disposiciones de la Ley y a los planes de ordenación del
territorio, se consideraban nulos, no pudiendo generar derechos a favor de sus
destinatarios; y los funcionarios públicos que los otorgasen incurrirían en responsabilidades
disciplinarias, administrativas, penales o civiles según el caso.
II. EL FALLIDO RÉGIMEN DE LAS LIMITACIONES AL USO DE LA
PROPIEDAD URBANA COMO CONSECUENCIA DE LA ORDENACIÓN
URBANISTICA
1. Las limitaciones a la propiedad privada y la vinculatoriedad de los planes
En materia de limitaciones a la propiedad territorial por razones de ordenación
urbanística, la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación
del Territorio de 2005, que nunca entró en vigencia, siguió la misma
orientación del artículo 66 de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de
1983, y del artículo 52 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de
1987, leyes que buscaba derogar; y a tal efecto, en su artículo 121 estableció
que “la propiedad urbana tiene una función social”, haciendo referencia al artículo
115 de la Constitución de 1999, que por lo demás, sólo sujeta la propiedad
a las restricciones establecidas en las leyes.
Siguiendo la misma orientación del artículo 66 de la Ley Orgánica de
Ordenación del Territorio de 1983, y del el artículo 53 de la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística de 1987, el artículo 118 de la Ley Orgánica que nunca
entró en vigencia, también disponía que los Planes de Ordenación Urbanísticos
“delimitan el contenido del derecho de propiedad, quedando este derecho
vinculado al destino fijado por los planes, conforme al ordenamiento constitucional
y legal”; norma que se repetía en el artículo 122 de la misma Ley Orgánica.
Por supuesto, la consecuencia de ello es que las actuaciones que se realizasen
en suelo urbano con fines urbanísticos, debían requerir la previa adopción
de un plan. Tal como lo precisó el artículo 101 de la Ley Orgánica: “las
actuaciones en el suelo con fines urbanísticos requieren la previa aprobación
de los respectivos planes de ordenación del territorio urbanísticos, para la
asignación de uso y de su régimen correspondiente, así como de la fijación de
volúmenes, densidades y demás procedimientos técnicos”.
Por tanto, necesariamente, para que hubieran podido realizarse actividades
privadas en áreas urbanas, tenía que haber habido un plan de desarrollo
urbano conforme a lo que se estableciera en la Ordenanza que definiera el uso
y el régimen correspondiente a ese uso, así como la fijación de volúmenes,
densidades y demás procedimientos técnicos. Por tanto, de acuerdo a esta
norma, la propiedad y su uso quedaban vinculadas al plan, por lo que sin plan
no había posibilidad de uso, y no se hubiera podido autorizar su desarrollo.
Por otra parte, el artículo 123 de la Ley Orgánica que nunca entró en vigencia,
también establecía sobre el carácter de las limitaciones legales a la
propiedad por razones de urbanismo que:
Las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas en leyes, reglamentos,
planes y ordenanzas urbanísticas se consideran limitaciones legales
del derecho de propiedad, y en consecuencia no confieren, por sí solas, derecho
a indemnización. Ésta sólo podrá ser acordada en los casos de limitaciones
que comporten vinculaciones singulares y que establezca la ley. En estos
casos, a los efectos de determinar la indemnización se seguirán los criterios
establecidos en la presente Ley y demás leyes que rigen la materia.
2. El régimen de la ejecución del desarrollo urbanística, el ajuste las variables
urbanas fundamentales y las autorizaciones municipales
En materia de ejecución del urbanismo, la Ley Orgánica que nunca entró
en vigencia, disponía que toda actividad que implicase ocupación del territorio
a ser desarrolladas en áreas urbanas, a ser ejecutadas por organismos públicos
y privados o por particulares, debía estar acorde con las Ordenanzas Municipales,
en particular las que estableciera el plan de desarrollo urbano local y
debía además; estar ajustadas a las Variables Urbanas Fundamentales previstas en Ley Orgánica, así como a los demás instrumentos jurídicos que regulasen
la materia urbanística, “siendo el ente competente para su autorización el
municipio”(art. 136).
Las Variables Urbanas, se definían en la Ley Orgánica que nunca entró e
vigencia como los factores condicionantes del desarrollo urbanístico, los cuales
debían tener relación con el espacio, la topografía, condiciones geológicas,
densidad de la población, la dotación de los servicios básicos y las restricciones
volumétricas (art. 4), enumerándose en los artículos 147 y 148, con el
mismo contenido que el establecido en la Ley Orgánica de 1987 para urbanizaciones
y edificaciones. Solo en materia de variables ambientales la Ley Orgánica
que nunca entró en vigencia las explicitaba más detalladamente (arts.
153 y 154).
Como se ha dicho Ley Orgánica 1987, eliminó los antiguos permisos de
construcción, y los sustituyó por el otorgamiento de las constancias de ajuste a
las variables urbanas fundamentales, que constituyen actos administrativos
consistentes en dejar constancia de que el proyecto presentado de uso del suelo
urbano se ajusta a las variables urbanas fundamentales, y habilitan la construcción
tanto de urbanizaciones como de edificaciones. En el primer caso,
constituyen la condición para el inicio de las obras de urbanización; en el segundo
caso, constituyen la condición para la continuación de las obras de edificación.
El contenido de estas constancias, como se ha dicho, es el mismo de un
acto administrativo autorizatorio, en el sentido de que sin ellas no se puede
iniciar las obras de urbanización; y sin ellas no se puede continuar con la mínima
seguridad jurídica, las obras de edificación.
En contraste, la Ley Orgánica que nunca entró en vigor, no buscó regular
específicamente la necesidad de la obtención de las constancias de ajuste a las
variables urbanas fundamentales, pero por la mención que de ellas se hacía en
el artículo 145, y por la regulación general de las “constancias de uso conforme”
respecto de todos los planes de ordenación del territorio (que comprende
a los de ordenación urbanística), podría interpretarse que los interesados en
desarrollar urbanísticamente un inmueble para urbanización o edificación, debían
haber podido solicitar de la autoridad municipal (en forma potestativa, no obligatoria como se regula en la Ley de 1987), que se le expidiera una constancia
de uso conforme, lo que hubiera equivalido en materia urbanística, a la
constancia de variables urbanas fundamentales.
Pero dicha constancia, conforme a la orientación de la Ley nunca vigente
(art. 28), no tenía sino un valor declarativo, pues se disponía que no otorgaban
derecho para la ocupación del territorio mediante la ejecución de obras. En
consecuencia, los interesados, para urbanizar o para edificar, lo que hubieran
tenido que haber solicitado habría sido una autorización de la autoridad municipal
tal como se mencionaba en general en el artículo 136. Puede decirse, así,
que hasta cierto punto la Ley Orgánica que nunca entró en vigencia, buscaba
“revivir” los antiguos permisos municipales de construcción.
El artículo 145 de la Ley Orgánica que nunca entró en vigencia, sin embargo,
autorizaba la realización en forma paralela del urbanismo y las edificaciones,
“siempre y cuando en las constancias de ajuste de variables urbanas
fundamentales, tanto de urbanizaciones como de edificaciones, se establezcan
las etapas de ejecución con la respectiva previsión de equipamientos urbanos,
dotación de servicios y vialidad correspondiente a cada una de las etapas,”
siendo esta la única norma de la Ley Orgánica nunca vigente, en la cual se
hacía referencia a constancias de ajuste de variables urbanas fundamentales.
Por otra parte, en los casos de ejecución paralela de desarrollos, la Ley
Orgánica que nunca entró en vigencia, disponía que para efecto de la entrega
al municipio de los equipamientos urbanos, dotación de servicios y la vialidad
correspondiente a cada etapa, ésta debía efectuarse previa a la solicitud de
“Certificación de Terminación de Obra de las Edificaciones”, siendo esta la
única vez en la que dicha Ley nunca vigente, se refería a esta figura de “certificación
de terminación de obra de edificaciones.”
3. Las técnicas municipales de control que se proponían
El artículo 149 de la Ley Orgánica nunca vigente, los organismos municipales
competentes eran los llamados a inspeccionar, directamente o mediante
contrato de servicios profesionales, la construcción de las urbanizaciones y
edificaciones “a fin de verificar el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales
y de las normas técnicas nacionales en cuanto a urbanismo y edificación”. A tal efecto, se buscaba disponer que el propietario de la obra debía
contribuir a costear la fiscalización por contrato de servicio mediante el pago
de una tasa de inspección, que debía fijar la Alcaldía municipal a través de la
Ordenanza correspondiente
Para realizar esta labor de inspección, se proyectaba que los Municipios
establecieran las dependencias y procedimientos de inspección que correspondiera
a sus necesidades, recursos y demás particulares circunstancias, debiendo
el personal de inspección, estar integrado por profesionales competentes
según la Ley de la materia, es decir, la Ley del Ejercicio de la Ingeniería y
Profesiones Afines.
La Ley nunca vigente, por otra parte, a diferencia de la Ley Orgánica de
1987, buscaba atribuir también poderes de inspección de urbanizaciones y edificaciones
a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo, la sanitaria
y la ambiental conforme las respectivas leyes especiales (art. 150).
En esta materia de inspección, por otra parte, Ley Orgánica nunca vigente,
pretendió eliminar disposiciones de importancia que establece la Ley Orgánica
de 1987, entre ellas, la que exige que de toda inspección debe elaborarse
un acta en el mismo sitio de la obra, que debe entregarse en copia al profesional
residente o al propietario, quien debe firmar el original como constancia
de haberla recibido (art. 97). La norma agrega que en caso de que en el acta se
constatase la infracción de normas técnicas de arquitectura, ingeniería o urbanismo,
la autoridad municipal, dentro de los 5 días siguientes al conocimiento
de la infracción, debe participar por escrito al organismo competente según la
materia a los fines de la aplicación de la sanción que fuere pertinente.
La Ley nunca vigente también pretendió eliminar la norma que establecía
la iniciativa popular de control prevista en el artículo 104 de la Ley Orgánica
de 1987, al establecer que "toda persona, Asociación de Vecinos u organizaciones
gremiales, sociales, culturales, deportivas u otras que funcionen en la
comunidad, podrá requerir de los órganos administrativos de control urbanístico,
nacionales o municipales, la adopción de las medidas pertinentes para el
cumplimiento de los planes urbanos y de las normas que los complementan.
 El caso de la sanción de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión
de la Ordenación del Territorio, sancionada en septiembre de 2005 y derogada
en febrero de 2007 y que nunca entró en vigencia, es una muestra palpable y
lamentable del deterioro de la función legislativa que ejerce la Asamblea Nacional
en Venezuela. Entre las causas, sin duda está, desde el inicio, la eliminación
del bicameralismo en la Constitución de 1999 y del control y balance
que en la formación de las leyes ejercían las dos Cámaras Legislativas (Senado
y Diputados) que antes funcionaban en el país. Además está la destrucción
progresiva que se fue realizando en los últimos años en el seno de la Asamblea
Nacional de los instrumentos de asesoría en materia de formación de las leyes,
y la ausencia más absoluta de participación de los sectores interesados en la
redacción de las mismas
Este caso, por lo demás, lo evidencia, el hecho mismo de la vacatio legis
prevista inicialmente, que no era otra cosa que una manifestación de inseguridad
que los legisladores tenían sobre las bondades de la reforma que habían
sancionado, y las tantas observaciones que se le formularon a la Ley después
de publicada.
No extraña, por tanto, que sea esta incompetencia del Legislador la que lo
haya llevado con tanta rapidez y facilidad a delegar en enero de 2007, mediante
Ley Habilitante, en el Ejecutivo, la legislación básica del país, pensando
que quizás en la Administración Pública habría mayor capacidad técnica para
la elaboración de leyes, renunciando así a la razón justificadora de su propia
existencia. Quizás sea este el anticipo de su propia futura disolución en una
Asamblea del Poder Popular y con ella, de la extinción del principio de la separación
de poderes.



viernes, 13 de agosto de 2010

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL




Por Abog. Alberto Montes Arias.

"A lo largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha influido en el ambiente que le rodea con su actividad, así podemos observar la transformación de bosques en zonas de pasto y de cultivo o la ocupación de zonas naturales para la construcción de viviendas. Entonces, ¿por qué nos preocupa hoy más que hace 200 años la transformación del medio? La respuesta es clara, actualmente estas transformaciones están siendo cada vez más rápidas y de mayor escala generando problemas ambientales que están afectando al hombre, a su modo de vida, a su economía e incluso se pone en peligro su propia supervivencia.

Los problemas ambientales son muy variados y afectan a distintos aspectos del medio ambiente, desde la contaminación del agua, escasa e indispensable para la vida, a la acumulación de residuos, el agotamiento de los recursos, la pérdida de diversidad biológica, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono o la desertificación entre otros muchos no menos importantes.

Conocemos la causa de la mayoría de estos problemas pero a pesar de ello no se proponen medidas preventivas sino curativas cuando el daño ya está hecho. Por ejemplo, sabemos que la emisión cada vez mayor de contaminantes a la atmósfera es causa del efecto invernadero, sin embargo las soluciones que se buscan pasan por mejorar las técnicas de depuración y en muy pequeña medida en reducir las emisiones de los gases que lo producen.

Se buscan soluciones a modo de parche sin enfrentarnos a la causa real que genera los problemas ambientales, esto es, el modo de vida y los valores que tiene asumida la actual sociedad de consumo en la que vivimos. Esta sociedad de consumo busca el máximo beneficio económico y la máxima rentabilidad y productividad a corto plazo, pasando por encima de la salud y el bienestar de las personas. Su objetivo es el crecimiento económico por encima de todo, olvidando que este no puede ser ilimitado y de que su fin es la mejora de la calidad de vida. Olvidándose incluso del resto de los hombres y seres vivos con los que comparte el planeta.

Nos encontramos ante lo que se ha denominado desarrollo no sostenible.

Parece como si el hombre viviese de espaldas al medio en el que se desarrolla su vida, todo aquello que no responde a sus expectativas o a sus intereses lo elimina o lo acomoda a sus necesidades sin pensar en las consecuencias.

Los problemas ambientales que se originan los considera como algo inevitable del necesario crecimiento económico y confía en que el desarrollo tecnológico pueda solucionarlos. Sin embargo, o bien los problemas ambientales sobrepasan nuestra capacidad o los estamos dando la espalda, cerrando los ojos ante lo que no queremos ver, ¡imposible reducir los beneficios adoptando medidas que eviten la contaminación!

Si el origen del problema es el actual sistema de valores que se impone en la sociedad parece claro que la solución a todos los problemas ambientales debe pasar por una modificación en la forma de pensar de la sociedad para conseguir una transformación en los comportamientos, y estas modificaciones sólo se conseguirán con la educación". tomado de Concepción Cánovas Martín. Educación ambiental y cambio de valores en la sociedad. Crónica bibliográfica. Observatorio Medioambiental Vol. 5 (2002): 357-364 358.


Los grandes logros de la humanidad, como el desarrollo integral del hombre, el progreso, los adelantos técnicos-científicos-sociales-económicos, la civilización, el progreso, que no se niega, han cambiando la forma de vivir y sus aspiraciones, pero también nos ha conducido a un desequilibrio en el entorno que se presenta en grandes problemas ambientales y que adquieren en la actualidad, características exponenciales.

Esto es así, y en este sentido, siendo el hombre una especie egoísta por naturaleza, sin importarle las necesidades más urgentes de sus especie y por ende de su entorno, se abalanzó a la conquista de la naturaleza y su agresión continua al medio natural, olvidándose de su dependencia al medio natural, generando un crecimiento exponencial de población, producción, consumo y generación de desechos.

Hace poco asistí a un Taller de Cátedra Libre sobre Educación Ambiental, dictado por la destacada profesora Clara Acosta de Añez, docente jubilada de la prestigiosa Universidad del Zulia y actualmente Jefe de la División de Educación Ambiental del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), y nos comentaba, palabras más o palabras menos, que “cualquier persona o ser humano que tenga conocimiento, aunque sea poco o algo sobre el medio ambiente que lo rodea, sabrá respetar y convivir armónicamente con ella. Cuando conozca algo sobre el medio ambiente, debe haber un cambio en la conducta y por consiguiente, saber actuar armónicamente ante éste”. Razón no le falta!


La célebre Carta de Belgrado de 1975 establece un marco de referencia para implementar el proceso de la educación ambiental en cada país, al plantearse como norte de la educación ambiental " Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesario para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo". En este contexto nace el concepto de educación ambiental. En él se incluye la necesidad de contextualizar la “calidad de vida” para cada nación, en función la cultura existente en ella. (Naciones Unidas, 1975). Además, se pretende lograr con la educación ambiental, la comprensión por parte de los individuos y colectividades del sistema complejo del medio ambiente, formado por el medio natural y el medio creado por el ser humano. De este modo se pueden adquirir conocimientos valores y habilidades que permitan una mejor gestión de la calidad y problemática del medio ambiente. La Educación Ambiental (EA) también incluye la necesidad de mostrar las interdependencias económicas, políticas, socioculturales y ecológicas del mundo. (Conferencias de Tbilisi, 1977).

Aunque la terminología educación ambiental, ya aparece en documentos de la UNESCO datados de 1965, no es hasta el año 1972, en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuando se reconoce oficialmente la existencia de este concepto y de su importancia para cambiar el modelo de desarrollo. En dicha conferencia se llama la atención por primera vez sobre el peligro de los recursos naturales.

Así, durante varios años se fueron dando acontecimientos que permitió la contextualidad de lo que hoy se conoce como educación ambiental, realizado a través de conferencias y congresos internacionales sobre la educación ambiental, sistematizandola así:

  • Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972).Básicamente, se observa una advertencia sobre los efectos que la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como sociales.
  • Coloquio Internacional sobre la Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 1975). Señala la necesidad de replantear el concepto de desarrollo y a un reajuste del "estar" e "interactuar" con la realidad, por parte de los individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental como herramienta que contribuye a la formación de una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las necesidades de todos los países.
  • Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al medio Ambiente (Tbilisi, 1977). En este evento se acuerda la incorporación de la educación ambiental a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen se planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad.
  • Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente (Moscú, 1987). Ahí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales.
  • Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992). Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, la ideología ambientalista es tan antropocéntrica que puede superar la capacidad de carga del planeta. De ahí, que el eslogan de la Conferencia realizada en Río en 1992, sea ¡Salvemos la Tierra!, en donde se desarrolla la agenda local 21.En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación.
  • Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro sino político, contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inherentes a ella, la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no participación ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las alternativas, el documento plantea la necesidad de abolir los actuales programas de desarrollo que mantiene el modelo de crecimiento económico vigente.
  • Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, Guadalajara (México, 1992).se estableció que la educación ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona.
  • Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad (Tesalónica, 1997). En ella, se afirmó que la pobreza, desarrollo y medio ambiente, son tres conceptos que no se pueden separar.El objetivo de la sostenibilidad es fundamental, pero requiere de grandes esfuerzos y de la voluntad de las sociedades, puesto que en ocasiones puede necesitarse un cambio radical de hábitos de consumo y modos de vida.La educación es clave, y debe plantearse para toda la sociedad, de un modo plural y laico; y orientada para la sostenibilidad. Ésta tiene que realizar una aproximación holística, interdisciplinaria y con identidad propia.

En Venezuela, las contribuciones son variadas. Los primeros aportes son en el ámbito formal de la educación y los no formal a través de los movimientos ecologistas y conservacionistas que surgieron a nivel nacional y que impulsaron el desarrollo del concepto.

En lo formal la educación ambiental orientada en los niveles y modalidades del sistema educativo, es una de las herramientas más utilizadas para la transmisión de una instrucción y educación relacionadas con el cuidado y protección del Medio Ambiente, y por ende en la búsqueda de necesarias soluciones a las distintas problemáticas que se distinguen en los diferentes contextos naturales y socio económicos.

Así el artículo 107 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera la educación ambiental como materia obligatoria, tanto en lo formal como en lo no formal, cuando expresa:" La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal.....". Lo que constituye un salto transcendental pues constituye una especie de declaración a favor de la conservación ambiental, elevada a rango constitucional.

Igualmente, se desarrolla en la Ley Orgánica del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial No. 5.833 Extraordinaria de fecha 22-12-2006, todo un Titulo sobre la educación ambiental, indicando en su artículo 34 el objeto de la educación ambiental, cuando dice " La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimiento, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socio-ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable".

Por otro lado, la Ley en comento, en su artículo 35, presenta los siguientes lineamientos conforme a lo cual debe regirse la educación ambiental, 1). Incorporar una signatura en materia ambiental, con carácter obligatorio, como constitutivo del pénsum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano, dentro del continuo proceso de desarrollo humano, con el propósito de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables, garantes del patrimonio natural y sociocultural en el marco del desarrollo sustentable. 2). Vincular el ambiente con temas asociados a ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, la salud, el género, la pobreza, la sustentabilidad, la conservación de la diversidad biológica, el patrimonio cultural, la economía y desarrollo, el consumo responsable, democracia y bienestar social, integración de los pueblos, así como la problemática ambiental mundial. 3). Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo no formal que promuevan y fortalezcan el derecho a la participación de ciudadanos, ciudadanas y comunidad en general, en el marco de una gestión del ambiente en forma compartida. 4). Incorporar la educación ambiental para el desarrollo endógeno sustentable, desde una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de los sistemas productivos que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el ámbito de la organización social. 5). Promover el diálogo de saberes, como base del intercambio, producción y difusión de información en los procesos educativos ambientales para generar acciones colectivas en el abordaje y soluciones de problemas socio-ambientales.

Como podemos observar, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Ambiente, permiten desarrollar el proceso educativo ambiental también en el ámbito no formal, permitiendo así la incorporación de organismos no gubernamentales y comunidad organizada a participar de forma compartida en la gestión del ambiente. En este sentido, la educación ambiental no formal teniendo un objetivo como la educación ambiental formal, no se lleva intramuros, sino fuera del ámbito de instituciones educativas y con planes de estudio no reconocidos oficialmente, desarrollándose de manera libre a través y como complemento de su actividad principal y como actividades de apoyo o refuerzo a la acción educativa formal, y en este sentido se han creado en Venezuela una serie de organizaciones, fundaciones y asociaciones, cuyos objetivos es contribuir a que los ciudadanos lleguen a estar informados en materia medioambiental y así crear conciencia sobre la importancia de conservar y convivir armónicamente con el medio ambiente que los rodea.

Para finalizar, debemos decir que con la educación ambiental se pretende conseguir que las personas desarrollen una conducta correcta respecto a su entorno y de acuerdo con valores asumidos libre y responsablemente; se necesita de forma imperiosa un cambio en la conducta y en la escala de valores de la población respecto del medio que les rodea y sobre todo, preparados para trabajar, individual o colectivamente, por la consecución y mantenimiento de un equilibrio armónico y dinámico entre calidad de vida y calidad de Medio Ambiente































viernes, 30 de julio de 2010

Decreto 1.257 "Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente"


Por: Abog. Alberto Montes Arias.

La necesidad de armonizar el desarrollo económico con la protección del ambiente, está consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 299, donde expresa que el régimen socioeconómico se fundamenta en los Principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, en otras palabras, mantener un desarrollo sustentable mediante la armonización de las áreas fundamentales como lo social, económico y ambiental. Esta necesidad de armonización, igualmente está desarrollada en la Ley Orgánica del Ambiente , en su artículo 22 al referirse que la planificación del ambiente constituye un proceso que tiene por finalidad conciliar el desarrollo económico y social con la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.
De igual modo el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente define por gestión del ambiente, aquel proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable. En otras palabras, el desarrollo sustentable será posible sólo a través de un proceso orientado a la utilización de los recursos naturales y demás elementos de los ecosistemas de manera eficiente y socialmente útil y tal proceso debe permitir una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva sobre la actividad sujeta a regulación.
Este principio de prevención se encuentra regulado en la legislación venezolana en la Constitución Nacional en su artículo 127 y en la Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 19, 20, 21 y 22 que regulan las normas técnicas y legales para anticipar y prevenir los daños ambientales productos de las actividades económicas susceptibles de degradar el ambiente, caso contrario causaría un daño ambiental irreparable.
La evaluación a la que hacemos mención está regulada en el artículo 129 de la Constitución Nacional concatenado con los artículos 83, 84 y 85 de la Ley Orgánica del Ambiente.
Así, el artículo 129 de la constitución ha elevado a rango constitucional el requisito, hasta ahora de orden reglamentario, de exigir que todas actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas, deban ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural.
Igualmente y siguiendo lo expresado en lo relativo al principio de prevención, encontramos
en Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 84, que la orientación de la evaluación de impacto ambiental está destinado a: 1) Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de una propuesta en sus distintas fases, 2) Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales; 3) Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas a que hubiere lugar y 4) Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son validas y las medidas efectivas para contrarrestar los daños.
En Venezuela la evaluación de impacto ambiental se hace a través de las normas técnicas del Decreto No. 1.257 Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente.
Este Decreto, vigente desde el 25-04-1996, tiene por objeto establecer los procedimientos conforme a los cuales se realizará la evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente, previa a la realización de las actividades industriales y comerciales capaces de degradar el ambiente.
En tales disposiciones se establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, interesada en desarrollar programas y proyectos que impliquen la ocupación el territorio, deberán notificarlo previamente al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante la presentación de un Documento de Intención, en el que se especifiquen las acciones que presenten un potencial de generación de impactos ambientales.
Igualmente el artículo 2° de la norma en comento establece que La evaluación ambiental se cumplirá como parte del proceso de toma de decisiones durante la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, a los fines de la incorporación de la variable ambiental en todas sus etapas.
El artículo 3 da una serie de definiciones para la interpretación y aplicación de la norma, tales como Estudio de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental Específica, Términos de Referencia, entre otros, que guardan relación directa con el tema en estudio.
Así mismo, el Titulo II de los procedimientos, prevé desde el artículo 4 al 14, Capitulo I, el procedimiento ordinario donde se expresa que Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, interesadas en desarrollar programas y proyectos que impliquen la ocupación del territorio deberán notificarlo al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante la presentación de un Documento de Intención. La notificación se realizará al inicio de los estudios de factibilidad, a los efectos de la determinación por el señalado Ministerio de la metodología a seguir para la evaluación ambiental correspondiente.
También, en este Título, Capítulo II encontramos lo referente al procedimiento para actividades mineras y de hidrocarburos, contenidas desde el artículo 15 al 23 que prevé un régimen de autorizaciones para las operaciones indicadas; donde el Ministerio de Energía y Minas, las Corporaciones Regionales de Desarrollo, las Gobernaciones de los Estados y Petróleos de Venezuela S.A y sus Empresas Filiales, deberán obtener antes del otorgamiento de concesiones y contratos de exploración y explotación minera y de exploración y producción de hidrocarburos, la correspondiente aprobación para la ocupación del territorio otorgada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
La aprobación para la ocupación del territorio prevista en este artículo podrá tramitarse para parcelas individuales, lotes de parcelas contiguas o áreas a parcelar.
En los casos de concesiones y contratos que no hayan iniciado su operación y no cuenten con la aprobación o autorización previa para la ocupación del territorio, se deberá proceder a su tramitación como requisito para el inicio de la actividad. Asimismo, se deberán tramitar las aprobaciones cuando la actividad sea acometida directamente por el organismo público competente, sin que medie el otorgamiento de concesiones o contratos.
Igualmente, este Título indica los procedimientos, en su Capítulo III, en su dos artículos 24 y 25 lo relativo al Procedimiento en Aéreas Urbanas y donde las Autorizaciones y Aprobaciones para la Ocupación del Territorio son otorgadas por organismos distintos al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, donde los organismos de la administración pública nacional, estadal y municipal competentes para el otorgamiento de las autorizaciones y aprobaciones para la ocupación del territorio y para la determinación de las variables urbanas fundamentales, velarán por la incorporación de la variable ambiental en los programas y proyectos sujetos a su supervisión y control.
También la norma en comento establece en su Título III, artículos 26 y 27 la participación ciudadana a los efectos de revisión y consulta pública de los Estudios.
Esta norma establece igualmente, los controles posteriores respaldados en su artículo 28 que a tenor expresa que: “La supervisión ambiental de los programas y proyectos se adelantará conforme a lo previsto en un Plan de Supervisión Ambiental. El Plan será presentado por el promotor del programa o proyecto ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, conjuntamente con la solicitud de autorización para la afectación de recursos naturales renovables. Cuando se trate de actividades mineras y de hidrocarburos, el Plan de Supervisión Ambiental será incorporado en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

El Plan de Supervisión Ambiental establecerá las acciones a seguir para verificar el avance de las actividades del Programa o Proyecto y el cumplimiento de las medidas y condiciones establecidas en las autorizaciones y aprobaciones para la ordenación del territorio y autorizaciones para la afectación de recursos naturales renovables, así como para evaluar las medidas implantadas, identificar impactos ambientales no previstos y proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar”.
Esta norma finalmente contiene en su Título V los aspectos de los Consultores Ambientales que en términos generales expresa que las personas naturales o jurídicas que aspiren a realizar labores de consultoría ambiental en materia de elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y diseño e implementación de Planes de Supervisión, deberán registrarse ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y en su Título IV las Disposiciones Finales.